Este lunes el Senado de la República, aprobó, una serie de reformas a Ley Federal del Derecho de Autor. Esto con la finalidad de adecuar el marco legal mexicano al Tratado comercial entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, Organizaciones No Gubernamentales acusaron una probable intromisión del Estado a la libertad de expresión en medios y plataformas digitales, así como en redes sociales.
En un comunicado conjunto, la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative Commons México, SocialTIC, Artículo 19, Wikimedia México y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. alertaron sobre los riesgos a la libertad en internet de estas iniciativas, que la Cámara Alta plantea aprobar la próxima semana en un periodo extraordinario.
Notificación y retirada
Las organizaciones alertaron sobre censura digital a través del mecanismo “notificación y retirada” expuesto en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual obliga a los proveedores de servicios de Internet –ni siquiera al autor– a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor. Esto sin necesidad de aportar prueba alguna de la supuesta infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso, lo que es inconstitucional.
TAL VEZ TE INTERESE: Cada vez más anunciantes se unen al boicot contra Facebook
Candados digitales
Por otro lado, acusan que los cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal también contempla severas sanciones –de hasta 10 años de prisión– por eludir “medidas tecnológicas de protección”, como los candados digitales impuestos por fabricantes o desarrolladores de hardware y software. Por lo que será ilegal reparar tu propio dispositivo o hacer una captura de pantalla. Esto también obstaculiza el ejercicio de derechos y el desarrollo de actividades que benefician al interés público como la investigación.
LEE TAMBIÉN: La tecnología detrás de las protestas en Hong Kong
Inconstitucional
Las ONG’s recuerdan que México está imposibilitado constitucionalmente para adoptar este mecanismo y que el gobierno no está obligado por el T-MEC para implementarlo, de conformidad con lo establecido en el propio Capítulo 20 del T-MEC, en la nota al pie 119, en la que se reconoce que “cualquier mecanismo debe hacerse de conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes en el país”.
El mecanismo de “notificación y retirada” ya ha sido utilizado para remover contenidos e información de interés público, lo que atenta contra el derecho a la libertad de expresión de quien publica la información, así como el de derecho de las personas a conocer sobre hechos relevantes en una sociedad democrática, exponen las organizaciones.
Proceso de discusión excluyente
Por último, acusan que el proceso de discusión ha sido excluyente y prácticamente inexistente, pues estas reformas han sido debatidas con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sin que se haya permitido, hasta ahora, la participación de organizaciones de la sociedad civil o de otros grupos que ser verían severamente afectados por estas disposiciones.
Por ello, exigen que los grupos de trabajo para discutir la implementación del T-MEC incluya a las organizaciones y a representantes de la sociedad civil, que se organice un parlamento abierto y que las reformas en materia de derechos de autor no sean incluidas en el paquete que se discutirá en el periodo extraordinario.