La Red en Defensa de los Derechos Digitales dio a conocer este descubrimiento, de que por lo menos hay 21 antenas de telefonía celular sospechosas en la CDMX.
Las cuales podrían ser falsas y tener como objetivo intervenir los teléfonos celulares que se conecten a ellas.
El fin de estas antenas es recolectar información de sus usuarios de forma discreta.
La Red de Defensa explica que fue la organización originaria de Chile South Lighthouse quien descubrió estas antenas, conocidas como IMSI catchers o stingrays.
Mismas que son distribuidas en todo el mundo por la empresa L3Harris Techologies quien tiene al menos tres contratos con el gobierno federal mexicano.
En total, esta compañía ha suscrito 21 contratos con el gobierno mexicano entre 2011 y 2019.
Las contrataciones hechas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador han sido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”, explicó R3D en un comunicado.
El análisis de los chilenos, conocido como Fake Antenna Detection Project, examinó mil 801 antenas ubicadas en la Ciudad de México.
De acuerdo con este reporte, estas antenas están colocadas en espacios aledaños a oficinas de gobierno, cuarteles militares y espacios de protesta social.
También se detectó otra antena entre la CDMX y el Estado de México, y otra en pleno Zócalo capitalino.
Otros puntos donde también se detectaron este tipo de torres fue en el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Legislativo, el Heroico Colegio Militar y el Archivo General de las Notarías.
“Entre sus capacidades, las torres falsas pueden obtener el número IMSI e IMEI de un celular, el contenido de las llamadas y mensajes de texto, así como acceder a los archivos de los dispositivos en su rango. Algunos modelos también pueden mandar SMS o hacer llamadas de forma anónima para intimidar a manifestantes o infectar teléfonos con malware”, explicaron los analistas.
El problema esta en que ni el Ejército ni la Marina, tienen entre sus funciones las acciones de vigilancia, además el uso de esta tecnología no está regulado en México.